Normativa del amianto en España

El amianto, conocido comúnmente en España por su presencia en materiales como la uralita, ha sido durante décadas uno de los componentes más utilizados en el sector de la construcción. Sin embargo, sus graves riesgos para la salud especialmente relacionados con enfermedades respiratorias y cáncer han llevado a una regulación cada vez más estricta a nivel nacional y europeo. Desde la prohibición de su uso en 2002 hasta la actual normativa en materia de retirada, gestión de residuos y protección de los trabajadores, la legislación ha evolucionado con el objetivo de eliminar progresivamente este material de edificios e infraestructuras.

En este artículo te explicamos la normativa vigente sobre el amianto y la uralita en España, qué obligaciones existen actualmente para particulares y empresas, y cuáles son los requisitos legales para su manipulación y retirada segura.

Cronología de la normativa sobre amianto

La regulación del amianto en España no apareció de forma inmediata, sino que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo a medida que se evidenciaban sus graves efectos sobre la salud, como la asbestosis, el mesotelioma o el cáncer de pulmón. Desde finales del siglo XX, la legislación ha avanzado progresivamente hacia su prohibición total y su eliminación segura. Estas son las principales normas que han marcado su evolución:

• Real Decreto 1406/1989 y primeras limitaciones: El Real Decreto 1406/1989 supuso el primer gran paso en la regulación del amianto en España, estableciendo restricciones a su comercialización y uso. Aunque no lo prohibía totalmente, limitaba ciertas variedades especialmente peligrosas y sentó las bases para futuras normativas más estrictas.
• Real Decreto 108/1991 sobre prevención ambiental: Esta norma amplió las medidas de protección frente al amianto, centrándose especialmente en la prevención de la contaminación ambiental y en el control de los residuos que lo contenían.
• Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1993: Introdujo nuevas restricciones al uso y comercialización del amianto, reconociendo el aumento de la evidencia científica sobre sus riesgos. Además, comenzó a exigir mayores medidas de seguridad para los trabajadores expuestos.
• Directiva 1999/77/CE de la Unión Europea: Marcó un punto de inflexión a nivel europeo al obligar a los Estados miembros a prohibir el amianto, acelerando su eliminación progresiva en España y el resto de países de la UE.
• Real Decreto Legislativo 5/2000 (régimen sancionador): Establece el marco de infracciones y sanciones en materia laboral, incluyendo aquellas relacionadas con la manipulación indebida del amianto. Las multas pueden variar desde miles de euros en infracciones leves hasta sanciones muy elevadas en casos graves o con riesgo para la salud pública.
• Orden de 7 de diciembre de 2001 y prohibición total: Esta norma fue clave, ya que estableció la prohibición del uso, fabricación y comercialización del amianto en España. Desde el 15 de junio de 2002 se prohibió su fabricación y desde el 15 de diciembre de 2002 se prohibió su comercialización y uso. No obstante, se permitió que los materiales con amianto ya instalados antes de esa fecha pudieran mantenerse hasta el final de su vida útil, lo que explica su presencia actual en muchos edificios, especialmente en cubiertas de uralita, bajantes o depósitos.
• Real Decreto 396/2006 sobre seguridad en trabajos con amianto: Regula las condiciones en las que deben realizarse trabajos con riesgo de exposición al amianto. Establece obligaciones como:
  • Elaboración de un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral
  • Uso de equipos de protección individual (EPI) específicos
  • Formación obligatoria para los trabajadores
  • Inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), siendo obligatorio que solo estas empresas autorizadas puedan realizar trabajos de retirada o manipulación.

• Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular: Supone uno de los avances más recientes e importantes. Introduce nuevas obligaciones como:
  • Elaboración de un censo de instalaciones con amianto, especialmente en edificios públicos
  • Establecimiento de un plan de retirada progresiva
  • Obligación de retirar el amianto en edificios e instalaciones públicas antes de 2028
  • Exigencia de realizar demoliciones selectivas, separando el amianto del resto de residuos (artículo 30)

Además, esta ley refuerza el control por parte de las autoridades sanitarias, laborales y medioambientales, que deberán verificar la correcta eliminación del amianto y su gestión a través de gestores autorizados.

• Normativa autonómica y planes locales: En los últimos años, comunidades autónomas y ayuntamientos han desarrollado planes específicos para identificar y retirar amianto, incluyendo subvenciones y ayudas, especialmente para la retirada de cubiertas de uralita en viviendas y naves industriales.

Normativa vigente: ¿es obligatorio retirar el amianto de una propiedad?

El amianto está prohibido en España desde 2002, pero la normativa no obliga a retirarlo de forma inmediata en todos los casos. Los materiales instalados antes de esa fecha pueden mantenerse hasta el final de su vida útil, siempre que estén en buen estado y no supongan un riesgo. Sin embargo, sí es obligatorio retirar el amianto en determinadas situaciones:

• Si fue instalado después de 2002, ya que su uso está prohibido
• Cuando está deteriorado o en estado friable, pudiendo liberar fibras peligrosas
• Al realizar obras de reforma, rehabilitación o demolición, siendo obligatoria su retirada previa
• En edificios públicos, que deben eliminarlo antes de 2028 según la Ley 7/2022
• Cuando lo exige la autoridad competente por riesgo para la salud o el entorno

Además, muchos materiales con amianto, como la uralita, tienen una vida útil de entre 20 y 30 años, por lo que gran parte del instalado en España está ya envejecido o en mal estado.

En la práctica, no existe una vigilancia activa generalizada en propiedades privadas, aunque organismos como el SEPRONA pueden actuar en caso de denuncia o mala gestión. Eso sí, manipular o retirar amianto sin autorización puede conllevar sanciones importantes. Por último, es fundamental recordar que solo empresas autorizadas e inscritas en el RERA pueden retirar amianto legalmente.

Legislación para edificios públicos con amianto

En los últimos años, la normativa se ha centrado especialmente en la presencia de amianto en instalaciones públicas. En este sentido, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece la obligación de avanzar en su eliminación progresiva.

Esta ley fija un objetivo claro: retirar el amianto de los edificios e instalaciones públicas antes de 2028, priorizando aquellos espacios con mayor riesgo para la salud, especialmente donde exista exposición de población vulnerable. Además, la normativa establece que los ayuntamientos deben:

• Elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto.
• Incluir un calendario de retirada planificada.
• Dar carácter público a esta información.
• Remitir estos datos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales de las comunidades autónomas.

Estas autoridades serán las encargadas de supervisar e inspeccionar que la retirada se realiza correctamente y que los residuos con amianto son gestionados por gestores autorizados. Aunque la ley establecía un plazo inicial de un año para la elaboración de estos censos, en la práctica su desarrollo está siendo progresivo y desigual según el municipio. Esto refleja la complejidad del proceso, tanto por el volumen de instalaciones afectadas como por los recursos necesarios para su correcta eliminación.

¿Quién puede quitar amianto y la uralita por normativa?

La retirada de amianto y uralita es una actividad altamente regulada debido a los riesgos graves que este material supone para la salud y el medio ambiente. Según el Real Decreto 396/2006, únicamente las empresas especializadas, homologadas y registradas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) están autorizadas para realizar estos trabajos.

Ni un particular ni una empresa de construcción o demolición no registrada en el RERA puede manipular, retirar o transportar amianto legalmente. La normativa exige que todas las operaciones sigan protocolos estrictos de seguridad, incluyendo:

• Planes de trabajo específicos aprobados por la autoridad laboral.
• Uso obligatorio de equipos de protección individual (EPI).
• Procedimientos seguros para el transporte y la gestión de residuos peligrosos.

El incumplimiento de estas reglas puede acarrear sanciones económicas importantes, que van desde 405 € hasta los 819.780 €, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas medidas buscan proteger la salud pública y garantizar la correcta gestión del amianto.

Procedimientos y normativas para la retirada de amianto y uralita en España

Antes de iniciar cualquier trabajo de retirada de amianto o uralita, la empresa encargada debe elaborar y presentar un Plan de Trabajo con Amianto. Este documento es obligatorio y debe detallar cómo se llevará a cabo la intervención, asegurando que todas las medidas de seguridad y gestión de residuos cumplen con la normativa vigente. El plan debe ser aprobado por la comunidad autónoma donde se va a ejecutar la retirada.

El Plan de Trabajo con Amianto incluye, entre otros aspectos:

• Métodos de retirada: Técnicas específicas para minimizar la liberación de fibras durante la manipulación y desmontaje.
• Protección de los trabajadores: Uso obligatorio de equipos de protección individual (EPIs), como trajes especiales, guantes y mascarillas, así como procedimientos de descontaminación al final del turno. Los EPIs deben gestionarse y eliminarse de forma segura.
• Gestión de residuos: El amianto retirado debe ser encapsulado y transportado a vertedores autorizados, especialmente diseñados para materiales peligrosos, evitando riesgos para la salud y el medio ambiente.
• Medición ambiental posterior: Una vez finalizada la retirada, se recomienda realizar mediciones ambientales para garantizar que no queden fibras de amianto en el aire, asegurando la seguridad del edificio y de sus ocupantes.

Cumplir estos procedimientos no solo es obligatorio por ley, sino que garantiza que la retirada de amianto se realice de forma segura, protegiendo tanto a los trabajadores como al entorno y evitando sanciones legales.

Requisitos para empresas y profesionales en la gestión de amianto

Las empresas y profesionales que manipulan o retiran amianto en España deben cumplir estrictamente con la normativa vigente para garantizar la seguridad de los trabajadores, de la población y del medio ambiente. Entre los principales requisitos se incluyen:

• Inscripción en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto): Solo las empresas registradas pueden realizar trabajos con amianto legalmente.
• Aprobación del plan de trabajo: Antes de iniciar cualquier intervención, la empresa debe presentar un plan detallado que describa los procedimientos de retirada, las medidas de seguridad y la gestión de residuos.
• Formación especializada de los trabajadores: Todos los profesionales deben recibir capacitación sobre los riesgos del amianto y las técnicas seguras de manipulación.
• Uso obligatorio de equipos de protección individual (EPIs): Incluye trajes protectores, guantes y mascarillas específicas. Los EPIs deben ser desechados de manera segura para evitar contaminación.
• Manipulación cuidadosa del material: El amianto no puede serrarse, partirse ni manipularse de forma que se liberen fibras al ambiente. Debe retirarse cuidadosamente y, de inmediato, ser encapsulado para prevenir riesgos.
• Transporte seguro a vertederos autorizados: El amianto encapsulado debe trasladarse únicamente a vertederos oficiales. Está terminantemente prohibido arrojarlo en descampados o enterrarlo ilegalmente, lo que conlleva graves sanciones.
• Controles médicos periódicos: Los trabajadores expuestos deben someterse a revisiones médicas regulares para vigilar posibles efectos sobre la salud.

Cumplir con estos requisitos no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también protege la salud de los trabajadores, la seguridad de la comunidad y el medio ambiente, además de reflejar una responsabilidad profesional y ética en la gestión de materiales peligrosos.

Sanciones y multas en caso de incumplimiento de la normativa del amianto

El incumplimiento de la normativa sobre amianto en España puede conllevar graves sanciones económicas y legales. Las multas varían según la gravedad de la infracción y pueden oscilar entre los 405 € y los 819.780 €, dependiendo de si la sanción es leve, grave o muy grave.

Entre las infracciones más habituales se encuentran:

• Contratar a una empresa no certificada por el RERA para la retirada de amianto.
• Manipular o retirar amianto o uralita sin seguir los protocolos de seguridad establecidos.
• Desechar amianto de manera ilegal, como arrojarlo en descampados o enterrarlo.

Además de las sanciones económicas, las autoridades pueden paralizar los trabajos, imponer la obligación de retirar de inmediato el amianto mal gestionado e iniciar procedimientos administrativos o judiciales contra los responsables.

El SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) es el organismo encargado de supervisar y sancionar los incumplimientos, aunque cualquier fuerza de seguridad del Estado tiene autoridad para denunciar irregularidades. Incluso cualquier particular puede presentar una denuncia si detecta manipulación indebida de amianto que suponga riesgo para la salud o el medio ambiente.

Estas sanciones buscan garantizar que la retirada de amianto se realice de manera segura y controlada, protegiendo tanto la salud de los trabajadores y vecinos como el medio ambiente. Cumplir con la normativa es imprescindible para evitar riesgos, sanciones y responsabilidades legales.

¿Se puede reparar el amianto?

Por normativa, la reparación de materiales que contienen amianto está prohibida. Esto incluye tejados de uralita, tuberías de fibrocemento u otros elementos que hayan sufrido daños o roturas. Manipular estos materiales puede liberar fibras de amianto al ambiente, lo que supone un grave riesgo para la salud. En caso de daños, la única opción segura y legal es la sustitución completa del material afectado. Por ejemplo:

• Si un tejado de uralita está roto, debe reemplazarse por una cubierta segura, como panel sándwich.
• Si una tubería de fibrocemento se rompe, debe sustituirse por una tubería de PVC u otro material no peligroso.

Estas medidas no solo cumplen con la normativa vigente, sino que también aseguran la protección de los ocupantes y del personal encargado del mantenimiento, evitando la exposición a las fibras de amianto durante cualquier intervención.